- Este experto analiza el impacto que las decisiones adoptadas en el marco de la COP29 pueden tener sobre las empresas españolas.
En los últimos años, la sostenibilidad ha pasado de ser un concepto aspiracional a convertirse en una de las grandes prioridades globales. Hace unos días, durante la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), los países acordaron destinar 290.000 millones de euros para ayudar a las economías en desarrollo a reducir sus emisiones y sumarse al esfuerzo colectivo contra el cambio climático.
Pese a que la partida aprobada ha recibido críticas –algunos países la consideran escasa para el fin que persigue–, su impulso responde, en gran medida, al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, una meta establecida en el Acuerdo de París y marcada como prioritaria por la Unión Europea en su apuesta por la neutralidad climática. Sin embargo, esta apuesta dibuja un escenario incierto para muchas de empresas que, pese a su probada capacidad de generar riqueza, sustentan su modelo de negocio sobre una praxis aún alejada de dicho fin.
El órgano continental anunció inversiones por valor de 4.800 millones de euros a través de su Fondo de Innovación para impulsar un centenar de proyectos orientados a reducir emisiones en la región. Y se espera que estos hayan terminado de culminar para 2030 y que durante su primera década logren reducir hasta 476 millones de toneladas de CO2.
En este marco, y al margen de los planes de estímulo, la UE prevé ir más allá e implementará sanciones económicas para las empresas que no cumplan con los marcos normativos establecidos. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), aprobado en 2023, exige a las organizaciones, independientemente de su tamaño, declarar sus emisiones de CO2 derivadas de la producción de bienes importados.
Estas declaraciones se traducirán en un certificado con las toneladas de CO2 registradas, a partir del que las empresas deberán pagar en función del valor medio de la subasta semanal de los derechos de emisión.
Que el tejido industrial europeo está dando pasos para adaptarse al modelo verde de Bruselas resulta innegable. Sin embargo, en el escenario surgen también un puñado de interrogantes derivados, que señalan de forma directa a la vertiente económica de la cuestión: ¿cómo pueden las organizaciones transformar dinámicas productivas consolidadas a lo largo de décadas sin perder rentabilidad?
Quizá para muchos actores empresariales la respuesta no sea tan obvia. Puede que para algunos, incluso, el binomio sostenibilidad-beneficios presente apariencia de quimera.
Este hecho, en el caso concreto de España, invita a que muchas empresas aceleren los procesos de adopción de dinámicas sostenibles para evitar penalizaciones. Porque los datos ejercen como claro indicador de que vamos con retraso con respecto a otros países de nuestro entorno.
El último informe del Eurobarómetro de Pymes, por ejemplo, revela que el 59% de las pequeñas y medianas empresas del país –predominantes en nuestro tejido– carece de estrategias para reducir su huella de carbono y ni siquiera tiene planeado implementarlas.
Aunque pueda parecer algo excesivamente complejo, adaptarse al nuevo marco no exige grandes revoluciones. El primer paso tiene que ver con saber en qué punto está cada uno. Aquí, la medición emerge como clave de bóveda de toda estrategia empresarial eficiente.
Para determinar de forma precisa el CO2 que genera una organización resultará conveniente apoyarse en actores acreditados, a fin de poder evaluar emisiones en torno a tres alcances: emisiones directas generadas por consumo de combustibles; emisiones indirectas procedentes de energía comprada y un compendio de emisiones indirectas a lo largo de la cadena de valor.
En el caso de algunos sectores, como el de la agricultura –responsable del 1,7% del PIB de la UE–, hasta hace poco no existían herramientas capaces de realizar una medición precisa.
A partir de esta necesidad surgieron alternativas tecnológicas e innovadoras como Arima ESG Tech, certificada de forma reciente por Aenor como la primera calculadora de huella de carbono del mundo diseñada específicamente para el sector. La herramienta, además, posibilita maximizar las compensaciones medioambientales, lo que refuerza su carácter pionero.
La transición hacia una cultura corporativa verde, sin embargo, no debe depender en exclusiva de la iniciativa privada. Las instituciones están llamadas a jugar un papel clave en este proceso, incentivando a las empresas en el marco de los nuevos planes. Algunos países como España han sabido detectar la oportunidad, adoptando un rol activo en la captación de proyectos.
El último ejemplo de ello lo encarna el Consejo de Ministros, que este año anunció una ayuda de 794 millones de euros para siete proyectos de hidrógeno renovable en Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco.
Este tipo de casos evidencian que, al margen de los estreches regulatorias que puedan surgir, la sostenibilidad emerge como una finalidad estratégica en sí misma: es inversión en un futuro que puede traer múltiples beneficios. La economía circular gana terreno como modelo de negocio viable y las empresas que se adaptan a su lógica cuentan con una posición de privilegio. En términos de mercado, hacerlo significa comenzar a competir por la cuenta de resultados del mañana.
